Diputaciones

 

A diferencia de lo que pudiera parecer, la simplificación de los mensajes suele perturbar la comunicación. Sucede con lo de las diputaciones provinciales: quienes las rigen se dedican a amedrentarnos con el supuesto de que su desaparición provocará el acabose del entorno rural del país. Esa afirmación, además de presuponer alegremente que lo rural está bien atendido, revela el alto concepto en que se tienen algunos. Precisamente, el sentido de la reforma no ha de mediatizar una justa administración de los recursos destinados al territorio provincial, sino lo contrario: que dejen de depender de cierta política o de los antojos de un grupo de diputados elegidos indirectamente. Se trata de que las diputaciones (o como se llame lo que les sustituya) prescindan de lastres, no de que se abandonen cometidos necesarios. Se trata de que no existan dos administraciones paralelas y coincidentes en rifirrafe como son diputaciones y delegaciones territoriales autonómicas; se trata de que se modernicen comportamientos caducos y se racionalicen recursos limitados. Quizás quienes desaparecerían de ese mapa serían únicamente los señores diputados provinciales; pero, por fortuna, ellos no son las diputaciones ni la fuente de los recursos destinados al campo. Que los grupos de la Diputación leonesa hayan anunciado ufanamente el final de la distribución de los fondos de que dispone según criterios políticos (gran eufemismo) confirma que así se ha hecho hasta ahora y, por extensión (aunque quizás no fuera su propósito), que si no se va a hacer más, si esos repartos se van a fundamentar en criterios objetivos y técnicos, ya no es precisa la intervención de ese sanedrín político. Que se acaben esas arbitrariedades también podría significar que a partir de ahora sólo quedarán por erradicar de las diputaciones costumbres acendradas y muy decimonónicas como las que se mencionaron al hilo del juicio por el asesinato de Carrasco. Esas que, por desgracia, no se juzgaron.

(Publicado en La Nueva Crónica de León, el 19/3/2016)